El pasado 18 de enero, la Cadena Ser anunciaba que el Ministerio de Igualdad había encargado al Instituto de las Mujeres un informe, al parecer a punto de terminar, sobre posibles acciones legales a llevar a cabo contra las agencias y bufetes jurídicos que operan en España intermediando en prácticas de gestación subrogada en el extranjero. InfoLibre, por su parte, anunció el día 21 que el Gobierno prevé anular las normas que permiten la inscripción de bebés nacidos de vientres de alquiler en el extranjero.
Son dos noticias que, de hacerse realidad, darían cumplimiento a la ley 14/2006, sobre técnicas de reproducción humana asistida, que declara nulo de pleno derecho el contrato por el que se convenga la gestación, con o sin precio, a cargo de una mujer que renuncia a la filiación materna a favor del contratante o de un tercero, y a la Ley Orgánica 1/2023, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, que deja clara la ilegalidad de la gestación subrogada en su artículo 32 y estipula en su artículo 33 la prohibición de su promoción comercial.
Las reiteradas sentencias del Tribunal Supremo vienen condenando esta práctica desde 2014 por “vulnerar la dignidad de la mujer gestante y de la criatura nacida, mercantilizar la gestación y la filiación, permitir a intermediarios realizar negocio posibilitando la explotación del estado de necesidad en que se encuentran mujeres jóvenes en situación de pobreza, y ser contraria al orden público español, integrado por los principios constitucionales y los derechos fundamentales, entre los que se encuentran los derechos a la integridad física y moral de la mujer gestante y del menor, y el respeto a su dignidad”. Un orden público que, como deja claro el Tribunal Supremo, “actúa como límite al reconocimiento de las decisiones de autoridades extranjeras”, por lo que en su última sentencia de diciembre de 2024, rechazó reconocer una sentencia judicial emanada de un tribunal de Estados Unidos que validaba un contrato de gestación subrogada y atribuía la paternidad de los nacidos a los compradores. Asimismo, en esta última sentencia, el Tribunal Supremo carga nuevamente contra las agencias intermediarias que aseguran a sus potenciales clientes “el reconocimiento casi automático en España de la filiación resultante del contrato de gestación subrogada, pese a la vulneración de los derechos de las madres gestantes y de los propios niños, tratados como simples mercancías, y sin comprobar la idoneidad de los padres de intención para ser reconocidos como titulares de la patria potestad del menor nacido de este tipo de gestaciones”.
Sin embargo, la prevaricadora Instrucción 2010 aún vigente de manera inexplicable permite eludir la ley española para explotar reproductivamente a madres en el extranjero y regresar a España con el bebé o los bebés ya registrados como hijos o hijas de los contratantes en oficinas consulares -que son territorio español, no lo olvidemos- de países como Estados Unidos o Canadá, con la simple presentación de una resolución judicial objeto de exequátur que dé por válido un contrato que la ley considera nulo de pleno derecho. Y prevaricadora también porque dicha instrucción considera una técnica de reproducción asistida la gestación subrogada, cuando la misma ley la excluye, ya que sólo considera técnicas aquellas que reúnen las condiciones de acreditación científica y clínica para revertir la infertilidad y, obviamente, utilizar a una mujer fértil para que, mediante encargo y contrato y retribuida o no, geste y traiga al mundo una criatura que será entregada a los contratantes o a terceros no es ninguna técnica de nada.
En aquellos otros países donde los españoles también acuden a comprar recién nacidos pero donde las sentencias judiciales no gozan de exequátur en España, como México, Ucrania, Georgia, Colombia, etc., es preciso entablar, ya de regreso en España, una reclamación judicial de filiación por parte del hombre que aportó el esperma y, una vez reconocida, obtener la renuncia a la filiación de la madre “subrogada” e iniciar un proceso de adopción del menor por parte de la esposa del comprador.
Por lo que respecta a la publicidad, desde la promulgación la Ley Orgánica 1/2023, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, que, como decíamos más arriba, deja clara la ilegalidad de la gestación subrogada en su artículo 32 y estipula en su artículo 33 la prohibición de su promoción comercial, no se ha llevado a cabo ninguna medida para prohibir la publicidad de esta práctica y su cese, por lo que agencias y bufetes se siguen anunciando y operando con total impunidad, a pesar de que dicha ley legitima a la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, al Instituto de las Mujeres o su equivalente en el ámbito autonómico y al Ministerio Fiscal para instar la acción judicial dirigida a la declaración de ilicitud y el cese de la publicidad que promueva las prácticas comerciales de la gestación subrogada. Es decir, tres administraciones públicas -dos de ellas dependientes del Ministerio de Igualdad más el Ministerio Fiscal- que no han hecho nada en dos años. Dos años con dos legislaturas y dos ministras de Igualdad, sin que ni Irene Montero ni Ana Redondo hayan movido un dedo para acabar con la publicidad de esta práctica que la propia Ley Orgánica considera violencia contra las mujeres, en concordancia con el Convenio de Estambul, y grave violación de nuestros derechos reproductivos. De esta manera, permitiendo la publicidad y la actividad de intermediación de más de una veintena de agencias y bufetes, es posible iniciar el trámite en España y explotar reproductivamente a mujeres y comprar recién nacidos por encargo y contrato en el extranjero.
Una investigación sobre cuatro agencias llevada a cabo por la periodista Nuria Coronado Sopeña en 2018 destapó que su actividad mercantil en gestación subrogada no tiene nada que ver con la actividad variopinta con la que están realmente registradas, teniendo todas ellas por común denominador la dedicación a actividades inmobiliarias. Siendo la gestación subrogada una práctica prohibida en España y no pudiendo declarar su verdadero objeto social ni cómo obtienen sus ingresos, ni en qué concepto facturan, ni qué finalidad tienen sus planes de financiación, estarían incurriendo en un fraude fiscal que Hacienda debería investigar. En 2019, el Ministerio de Justicia solicitó a la Fiscalía General del Estado una investigación sobre las actividades y el lucro de las agencias de vientres de alquiler que operan en España. Sin embargo, la Fiscalía precisó que la denuncia del Ministerio de Justicia sólo se refería a una agencia con sede en España que ofrecía servicios de gestación subrogada en Ucrania, no a todas.
En noviembre de 2024 hubo una movilización feminista para preguntar a las tres administraciones públicas legitimadas la razón por la que no instan una acción judicial que prohíba de una vez por todas la publicidad comercial de la gestación subrogada. Pregunta a la que añadimos la larga lista de agencias y bufetes que operan y se anuncian en España con todo lujo de detalles sobre la manera en que se puede conseguir una criatura recién nacida de una madre que, se garantiza, no tendrá ningún derecho sobre ella. La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género ni se dignó a responder, el Instituto de las Mujeres respondió que trasladaría el tema al Observatorio de la Imagen de la Mujer y el Ministerio Fiscal respondió que remitiría la cuestión a la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado. Hasta la fecha, no se han tenido noticias, aunque la ministra de Igualdad Ana Redondo dice que lo está estudiando.
Es evidente la falta de voluntad política que ha demostrado hasta ahora el Gobierno contra la explotación reproductiva de las mujeres y la venta de sus hijas e hijos por parte de una industria que se lucra a manos llenas de este negocio y lo poco que le importa la protección de los derechos humanos de las mujeres y de las niñas y los niños, pero quizás las medidas anunciadas respondan a un cálculo y el Gobierno se ha dado cuenta de que no le sale tan rentable prescindir del voto de las mujeres. Cuando las barbas de tu vecino veas pelar…