Con el amable permiso de la autora Teresa Domínguez
Publicado originalmente en letraescarlata.org
Aprobada por mayoría la Proposición llevada a Sesión Ordinaria del Pleno del Gobierno del Ayuntamiento de Jerez presentada por el Grupo Municipal Adelante Jerez relativa a los vientres de alquiler a denuncia del movimiento feminista. Con el asesoramiento de Teresa Domínguez, miembro de Marea Violeta Jerez e integrante de Stop Vientres de Alquiler y CIAMS.
Entre otras medidas, insta al Gobierno de España a: Anular la instrucción de 5 de octubre de 2010, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, a tomar las medidas legales necesarias para erradicar cualquier posibilidad de turismo reproductivo en España. Y la prohibición de realizar en territorio español cualquier actividad relacionada con la intermediación, y publicidad de dicha práctica.
Con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, se celebró en Jerez de la Frontera una jornada de divulgación sobre explotación reproductiva y mercado de bebés a cargo la Plataforma Stop Vientres de Alquiler (SVA). Una jornada que fue posible gracias a la organización e iniciativa de formación de Marea Violeta Jerez.
La ponencia «Desmontando el argumentario de la gestación subrogada en la jornada sobre explotación reproductiva y mercado de bebés.» dio origen a un análisis en profundidad desde distintas perspectivas, sobre la realidad de la explotación reproductiva que se hace presente en nuestro país y en el mundo, a través de lo que se conoce como «turismo reproductivo» y por la presión de una industria que puja por tener presencia en España de una manera legal.
A partir de dicha experiencia, Teresa Domínguez, en colaboración con la compañera Alba Ruda Rivas, de Marea Violeta Jerez, integrante a su vez de Adelante Jerez, trabajó en el asesoramiento de lo que sería la posterior presentación de la Proposición que dicho Grupo Municipal llevaría al Pleno del Ayuntamiento de Jerez.
Fruto de este trabajo, el 10 de diciembre de 2019, Raúl Ruiz-Berdejo, Portavoz del Grupo Municipal Adelante Jerez en el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera, al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, presentaba para su debate y aprobación en la Sesión del Pleno Municipal una proposición basada en la exposición de una serie de motivos, haciéndese eco de las críticas y denuncias del colectivo feminista. Y registró la Proposición al Pleno del Gobierno del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera relativa a los vientres de alquiler. Documento Oficial Entrada Nº136184 Punto 10. Para su posterior debate y votación.
El 19 de diciembre, Araceli Rocío Monedero Rojo, Concejala por Adelante Jerez presentó la proposición en la Convocatoria de Pleno Ordinario. Que quedó recogida en el Acta del Pleno: y Resolución de la Sesión Ordinaria.
La misma se presentó y debatió por parte de los distintos Grupos Municipales. En ella intervinieron a favor de la propuesta, además de la Sra Monedero; Ángeles González Eslava Grupo Mixto, Jose Ignacio Martínez Moreno del Partido Popular, Ma Del Carmen Collado Jiménez PSOE. Y coincidieron en condenar la práctica como una vulneración de derechos humanos y de la bioética. También a se comprometieron a instar al Gobierno de España a tomar las medidas legales necesarias referidas en los trece puntos aprobados del acuerdo y que se especifican en la proposición que hemos copiado bajo la video acta.
Los llamados vientres de alquiler, son una nueva forma de explotación de los cuerpos de las mujeres, decía la Sra Monedero, una nueva forma de colonización de los países pobres, de la mercantilización del cuerpo de las mujeres y el mercadeo de la vida humana. Pueden ver el interesante debate en el vídeo que les hemos dejado más abajo.
El único que se opuso con argumentos a favor de la mal llamada gestación subrogada fue Carlos Pérez González, del partido Ciudadanos, quien como viene siendo habitual en las filas del partido naranja, defendió la legalización de la explotación reproductiva de las mujeres y la mercantilización de menores, siempre con garantías altruistas y bajo la bandera liberal y progresista. Posteriormente se sometió a votación. La Proposición de Adelante Jerez fue apoyada por mayoría absoluta, con los votos a favor de todos los Grupos Municipales a excepción de los 4 votos del Grupo Ciudadanos. Grupos Municipales Socialistas (10), Popular (8), Adelante Jerez (3), Mixto (1) Ciudadanos (4). Los únicos votos en contra fueron los del Grupo Municipal Ciudadanos.
Punto 10 del orden del día: «Proposición al Pleno del Gobierno del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera relativa a los vientres de alquiler»
Video completo acta del Pleno del Ayuntamiento de Jerez (Punto 10: 02:21:00)
La proposición y acuerdos aprobados
«Los vientres de alquiler son una realidad en nuestra sociedad y, a pesar de ser una práctica que no contempla la ley, a menudo conocemos casos de personas que deciden utilizar esta opción. El Comité de Bioética de España define la maternidad subrogada de la siguiente forma: “se da cuando una mujer se presta a gestar un niño o una niña para, una vez nacido, entregárselo a las personas que se lo han encargado y que van a asumir su maternidad/paternidad. Existen modalidades para llevar a cabo la gestación por sustitución, en función de las variables que entren en juego, pero lo que tienen en común todas es la voluntad de privar de la condición de madre a quien ha dado a luz a un niño/a y atribuirla a otras personas”.
Desde Adelante Jerez nos hacemos eco de las críticas del Movimiento Feminista, que denuncia la explotación reproductiva y el mercado de bebés que supone este método, así como de organismos internacionales, como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW, Resolución 34/180 de la Asamblea General de la ONU, 1979) que insta a la prohibición de toda práctica gestacional que vulnere los derechos de las mujeres. El Parlamento Europeo también la condena y la considera contraria a la dignidad humana de la mujer, ya que su cuerpo y sus funciones reproductivas se utilizan como materia prima. En la misma línea, El Comité de Bioética de España considera que todo contrato de gestación por sustitución entraña una explotación sobre la mujer y daña el interés superior del menor. La situación es especialmente grave en países en desarrollo, principales proveedores de madres gestantes, en los que se ha comprobado la vulneración de derechos humanos y la vinculación de la gestación por sustitución con la trata de personas.
El cuerpo de las mujeres y nuestra capacidad reproductiva ha sido una piedra angular del capitalismo. El control de la reproducción y la sexualidad ha sido constante como forma de acumulación originaria, como vía para generar beneficios (el trabajo reproductivo como el inicio de la cadena de montaje) y para sostener el orden social y de género existente. La mercantilización de la naturaleza, los cuerpos, los procesos de reproducción y cuidados forman nuevos nichos de mercado; y presume la existencia de derechos de propiedad sobre todos los procesos, cosas y relaciones sociales, entendiendo que puede ponerse un precio a todos ellos y que pueden ser objeto de comercio, incluso con un contrato legal de por medio. Con el neoliberalismo, los límites de lo que es y no es susceptible de ser mercantilizado se han disipado, normalizando tal proceso.
La gestación mercantil supone una nueva dimensión dentro de la cadena global de cuidados, término empleado para referirnos a la migración de mujeres del sur que entran en los hogares de las economías de los “países centrales”, a cubrir el vacío de cuidados que han dejado las mujeres al incorporarse al mercado laboral. Una lógica que sustenta y refuerza la división internacional y sexual del trabajo, puesto que la carga del trabajo reproductivo y de cuidados pasa a recaer de forma específica en mujeres migradas, aprovechando las peores condiciones sociales, políticas y laborales para mantenerlas como mano de obra barata.
La externalización de la gestación mercantil ahonda además en una lógica de países subalternos, receptores de divisas extranjeras a través de una explotación que no es aceptada en el propio país. Además, son las empresas intermediarias y hospitales privados quienes se quedan el grueso de los beneficios de este mercado; por ejemplo, en la India, que es el país que más contratos de gestación ha cerrado, llegan a pagarse entre 20 y 30 mil dólares por gestación, de los cuales sólo 3 mil llegan a las mujeres gestantes.
Las agencias que se dedican a este negocio de compraventa de seres humanos fomentan el turismo reproductivo, tanto desde países en los que está regulado, como desde países que lo tienen prohibido, como España, donde incluso organizan ferias en las que ponen en contacto a clientes con intermediarios. Es decir, organizaciones que mueven millones de euros son capaces de montar ferias en países en los que ni siquiera son legales porque, en el capitalismo, “si tienes dinero puedes explotar a una mujer y violar sus derechos humanos”. De ahí que subrayemos la característica anticapitalista del movimiento feminista.
El turismo reproductivo supone una discriminación por clase social, dificulta el control sobre la calidad médica que se ofrece en las técnicas de reproducción humana asistida, supone una fuente de explotación para mujeres en países del tercer mundo y convierte a la industria reproductiva en una actividad comercial más.
Asimismo, la gestación mercantil está atravesada no solo por relaciones desiguales de género, sino por relaciones de clase y raciales. La existencia de un intercambio monetario sitúa en una posición subalterna a la mujer gestante, pues en la gran mayoría de los casos accederán aquellas mujeres con necesidades económicas que no puedan verlas cubiertas de otra manera. El sesgo de clase se produce también en quienes accedan a ello, puesto que solo podrán costearlo quienes tengan un alto poder adquisitivo o se endeuden por ello.
En España, los bebés proceden mayoritariamente de los mismos destinos elegidos por compradores de países con regulación de vientres de alquiler (por la ausencia de “mujeres voluntarias” en su propia nación). En estos países “proveedores” se explota a mujeres de entre 25 y 35 años, pobres y que ya son madres (la razón que suelen dar es que como ya tienen hijos biológicos es menos probable que se encariñen con los bebés, cosa que catalogamos de inhumana). Es decir: la pobreza femenina arroja cada vez a más mujeres a buscar formas de vida alternativas para sostenerse ellas y sus familias; de ahí el mito de la “libre elección”, cuando la realidad es que este sistema busca extraer beneficios de mujeres con dificultades económicas y que en otras situaciones no recurrirían a esta práctica; y en la que, además, se pretende mediante contrato que la madre renuncie a ciertos derechos fundamentales como, por ejemplo, la interrupción voluntaria del embarazo.
Por otro lado, un embarazo no es un proceso inocuo y hay que considerar los riegos para la salud de la mujer y el bebé asociados a la gestación subrogada. A los riesgos típicos de la mujer embarazada (anemia, embolia, hemorragia, diabetes gestacional, eclampsia, o incluso muerte), se añade que gestar un bebé que no es genéticamente propio (como suele ocurrir) aumenta el riesgo de complicaciones graves y que la hiperestimulación hormonal, necesaria para que el cuerpo de la mujer mantenga el embarazo, aumenta el riesgo de fallo renal, infertilidad futura o muerte. Respecto al bebé, éste sufre un estrés máximo cuando, tras el parto, lo separan de su madre, pues lo vive como si ella hubiese muerto durante el parto.
Personas expertas afirman que la gestación subrogada exige que la mujer “aliene sus afectos y se comprometa a reprimir, de forma irreversible, la vinculación emocional que pudiera llegar a sentir por la niña o niño que engendra”; es decir, “que renuncie a su socialización relacional para vivir la autonomía como un ejercicio patriarcal y masculinizado de conexión”. No podemos obviar la violencia que supone llevar adelante un embarazo que implica el desarrollo de un vínculo con consecuencias físicas y psicológicas y, al mismo tiempo activar la disociación, es decir, obviar ese vínculo, y pedir cuidar el producto sin implicarse. Como feministas nos oponemos a la explotación reproductiva bajo la defensa de la autonomía sobre el propio cuerpo, porque estamos en contra tanto contra la maternidad impuesta y forzada como contra la maternidad sometida a contrato.
Estamos en contra de esta instrumentalización del cuerpo de las mujeres y consideramos todas las formas de gestación subrogada como explotación reproductiva (incluida la denominada “gestación altruista”). Estas prácticas ponen en cuestión la dignidad personal y el estatus social simbólico de las mujeres, por lo que debemos tomar un posicionamiento crítico que evite perpetuar la desigualdad amparada en nuevas formas de explotación sobre las mujeres.
Adelante Jerez comparte también la preocupación y rechazo de reconocidas feministas por la justificación que algunas personas muestran respecto a los vientres de alquiler, con el argumento de que permite a los hombres homosexuales tener hijos y que, por solidaridad con ellos, deberíamos estar de acuerdo. La reivindicación histórica del movimiento LGTBI es la adopción y el feminista ha sido de los colectivos que más han apoyado al movimiento LGTBI en su legítima lucha, defendiendo la necesidad de revisar y mejorar las condiciones actuales de los procesos adoptivos: agilización de los tiempos, disminución de las trabas burocráticas, revisión de los criterios de idoneidad de las familias candidatas a la adopción, etc. Por eso muchos colectivos LGBTI están apoyando campañas como “No en nuestro nombre. Por un orgullo sin opresión”.
La regularización de la gestación altruista es solo el primer paso para implantar los vientres de alquiler, ya que es casi imposible encontrar a mujeres dispuestas a prestar su útero a desconocidos por “altruismo”. España, junto con muchos otros países de nuestro entorno cultural y del resto del mundo, ha rechazado de forma continuada esta práctica: cuando aprobó la primera regulación sobre reproducción humana asistida en 1988 y cuando lo ratificó, tanto en la reforma de 2003 como en la nueva ley sobre reproducción humana asistida de 2006. Sin embargo, los hechos evidencian que la norma vigente no resulta suficientemente efectiva para alcanzar el objetivo que persigue: la nulidad de los contratos de maternidad subrogada. Aprovechando las leyes permisivas de algunos países, ciudadanos españoles celebran este tipo de contratos en el extranjero y, a continuación, logran inscribir la filiación de los niños obtenidos por esta vía en el Registro Civil de España, a pesar de que el Tribunal Supremo se manifestó sobre este tipo de contratos e inscripciones en 2014 y 2015, declarando su nulidad y los demás efectos que ésta comporta.
Por ello, el Grupo Municipal Adelante Jerez presenta al pleno del Ayuntamiento de Jerez, para su debate y, si procede, aprobación, los siguientes acuerdos:
Acuerdos
- Instar al Gobierno Español a dotar de verdadera eficacia legal a la nulidad de los contratos de gestación por sustitución, de manera que resulte aplicable también a los celebrados en el extranjero, incluyendo, entre otras medidas legales, la de sancionar a las agencias que se dediquen a esta actividad.
- Instar al Gobierno Español a promover a nivel internacional un marco común regulatorio que prohíba la celebración de contratos de gestación.
- Instar al Gobierno Español a la modificación de la Ley sobre Técnicas de Reproducción Humana Asistida, de 26 de mayo de 2006para que, de modo fehaciente, sin que dé lugar a interpretación posible, se considere explícitamente la ilicitud de la mal llamada “gestación por sustitución”, incurriendo en una tipificación de delito punible y sancionable aquellas personas que opten por esta práctica. La modificación de esta norma ha de incluir también la sustitución del concepto ‘gestación por sustitución’ por el de “alquiler de vientres” o en su defecto por la expresión “explotación reproductiva”.
- Instar al Gobierno de España a la prohibición de realizar en territorio español cualquier actividad relacionada con la intermediaciónque faciliten el acceso a estas prácticas en terceros países. Esta prohibición ha de ir acompañada del catálogo de sanciones a agencias, bufetes, entidades de crédito o financieras y profesionales independientes que incurran en la promoción o facilitación de cualquier tipo de explotación reproductiva.
- Instar al Gobierno de España a la anulación de la Instrucción de 5 de octubre de 2010, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, sobre régimen registral de la filiación de los nacidos mediante gestación por sustitución.
- Instar al Gobierno de España a la reforma de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, en su TÍTULO III, para incluir expresamente como atentatorio de la igualdad la publicidad relacionada con el alquiler de mujeres como gestantes para la reproducción de seres humanos.
- Instar al Gobierno de España a la reforma de la Ley General de Publicidad (LGP) de España, a fin de incluir como publicidad ilícita cualquier acto o propaganda relacionada con la promoción y venta de productos, bienes, actividades o servicios, relacionados con el alquiler de mujeres para la reproducción de seres humanos.
- Instar al Gobierno de España a revisar el Registro de Asociaciones de España a fin de cotejar qué organizaciones, constituidas hasta el momento, vulneran el artículo 7 de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación, por pretender estos fines y utilizar medios para promover prácticas que deben ser tipificadas como delito.
- Instar al Gobierno de España a prohibir la concurrencia a subvenciones públicas a las personas físicas o jurídicas cuyos fines, objetivos o actividades para las que solicitan la subvención o ayuda pública, estén relacionados con la práctica, intermediación o fomento y promoción del alquiler de vientres.
- Instar al Gobierno de España a subsanar, a nivel del ordenamiento jurídico laboral, la equiparación que se está haciendo del alquiler de vientres con la maternidad biológica, adopción y acogimiento, a través del reconocimiento por parte de la Seguridad Social de los permisos de paternidad/maternidad en los casos de “subrogación”, tanto a nivel estatal como en algunas CC. AA para su personal funcionario.
- Instar al Gobierno de España a anular la aberrante tendencia en la promulgación de leyes sobre igualdad social de colectivos LGBTI (lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales) para equiparar el alquiler de vientres con la maternidad biológica, adopción y acogimiento, como es el caso de la Ley de Murcia y Extremadura.
- Instar al Gobierno de España a poner en marcha las medidas necesarias para garantizar una transición segura que evite que queden desprotegidos los menores nacidos tras estos procesos.