Uruguay

Uruguay ha destacado como uno de los países pioneros en América del Sur en impulsar políticas públicas de igualdad de género y promoción de los derechos de las mujeres^[1] en las últimas décadas. Por ejemplo, este país despenalizó el aborto hasta la doceava semana a través de la ley N° 18.987 de Interrupción Voluntaria del Embarazo^[2] en el año 2012. A pesar de esto, y tal como ocurre en otros países de la región, la maternidad de sustitución es considerada una técnica de reproducción más para luchar contra la infertilidad de algunas de sus ciudadanas en vez de una práctica social condenable.

Cuadro legal

Siguiendo esta lógica encontramos que la maternidad subrogada en el caso de Uruguay está prohibida según la ley N° 19.167 de Regulación de las Técnicas de Reproducción Humana Asistida^[3] promulgada el año 2014. Así se detalla en el artículo 25 del Capítulo IV de la Gestación Subrogada :

“Artículo 25

 (Nulidad).- Serán absolutamente nulos los contratos a título oneroso o gratuito entre una pareja o mujer que provea gametos o embriones, sean estos propios o de terceros para la gestación en el útero de otra mujer, obligando a esta a entregar el nacido a la otra parte o a un tercero.”

Sin embargo, se exceptúa una situación en específico:

“Exceptúase de lo dispuesto precedentemente, únicamente la situación de la mujer cuyo útero no pueda gestar su embarazo debido a enfermedades genéticas o adquiridas, quien podrá acordar con un familiar suyo de segundo grado de consanguinidad, o de su pareja en su caso, la implantación y gestación del embrión propio».

En Uruguay la gestación subrogada está permitida a parejas heterosexuales, y específicamente, a mujeres infértiles que cuenten con una hermana, madre, y/o cuñada que esté dispuesta a gestar un embrión en su lugar.

Este intento de enmarcar la maternidad de sustitución en un cuadro meramente familiar, y por lo tanto, supuestamente altruista, es criticado por activistas feministas. Una de ellas es Lilián Abracinskas, directora de la organización feminista Mujeres y Salud en Uruguay (MYSU). Abracinskas sostiene que es justamente en la esféra privada y familiar donde proliferan muchos conflictos monetarios e intereses económicos^[4], además menciona que dicha ley, como muchas otras de aquel proceso parlamentario, es de mala calidad y contiene incoherencias. Una de las incoherencias es que la Ley N° 19.167 de Regulación de las Técnicas de Reproducción Humana Asistida no consideró otros avances sociales como la Ley del Matrimonio Igualitario en el 2013.

Acceso

Así, sin un verdadero debate en el seno de la sociedad uruguaya, se incluyó esta práctica en su legislación y a la institución que brinda financiamiento a procedimientos de alta complejidad, el Fondo Nacional de Recursos (FNR).

El proceso por el que debe pasar la mujer comitente es el siguiente: debe tener más de 18 años y menos de 40 años y no poder gestar debido a enfermedades congénitas o adquiridas. La madre «sustituta» y la pareja heterosexual comitente o la madre comitente deben pasar por evaluaciones clínicas, paraclínicas y sicológicas que serán enviadas a la Comisión Honoraria de Reproducción Asistida. Esta comisión fue creada junto con la ley y está bajo la tutela del Ministerio de Salud Pública y su rol principal es velar que los requisitos demandados por la ley sean garantizados. En Uruguay existen tres clínicas habilitadas desde el 2015 para concretar la maternidad de sustitución: el Centro de Esterilidad Montevideo, el Centro de Reproducción Humana del Interior y la clínica Suiza Americana. Hasta el 2020^[5], ninguna de estas tres clínicas había concretado un caso de maternidad subrogada.

Ángulo político

Jorge Peña, diputado perteneciente al Partido de la Gente, presentó un proyecto de ley en octubre de 2021 para eliminar el requisito de consanguinidad^[6] sosteniendo que era muy limitante. Esta propuesta fue rechazada en el parlamento aunque se aceptó elevar el requisito de consanguinidad al cuarto grado, es decir, incluyendo hasta primas, sobrinas o tías. Asimismo, otro hombre político llamado Felipe Schiapani propuso modificar la ley para que las parejas homosexuales pudieran acceder a ella, para poder reparar el hecho de que la ley ‘genere una situación de enorme injusticia para las parejas de hombres’ . Sin embargo, aquella propuesta tampoco fue aceptada.

Es importante mencionar que hubo una gran movilización de la Intersocial Feminista, que reune a mas de 30 organizaciones feministas locales, para impedir la avanzada de otras formas de subrogación^[7]. Estas organizaciones tienen razón al tomar acciones para evitar una avanzada hacia otras formas de subrogación más comerciales. Sobre todo debido a que el actual presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, sostuvo en 2018 que no está de acuerdo con la legislación vigente. Es más, sostuvo que “se debería poder alquilar el vientre para que una mujer sea madre”^[8].

 

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