Contexto
Desde 2018, nos hemos esforzado en alertar a los Estados sobre las graves consecuencias del proyecto de convenio sobre «filiación en el contexto de la maternidad subrogada» iniciado por la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado (HCCH). En vano.
Los trabajos de la HCCH continúan en una dirección que favorece el mercado de la maternidad subrogada y desprecia los derechos de las mujeres y de las niñas y los niños.
Peor aún, hemos comprobado que, a pesar de la complejidad del tema, los gobiernos en general han mostrado muy poca implicación y algunos, como Suecia y España, han enviado al grupo de trabajo de La Haya a representantes que, paradójicamente, mantienen posiciones y expresan opiniones sobre el tema contrarias a las de su propio gobierno y legislación vigente, cuando ese grupo de trabajo se creó precisamente para expresar la posición de los Estados miembros sobre la gestación subrogada.
Esta incoherencia puede deberse, bien a la indiferencia de los Estados ante el tema de la maternidad subrogada, bien al desconocimiento de las implicaciones políticas que se derivarán de ese convenio que está elaborando el grupo de trabajo de la HCCH. También podría ser una opción estratégica de los gobiernos, ya que los Estados son reacios a tratar la maternidad subrogada a nivel nacional debido a las controversias y a las dificultades para contentar a todas las partes. En este sentido, el futuro convenio de La Haya sobre filiación en el contexto de la gestación subrogada puede servir de excusa y como coartada perfecta para que los gobiernos no actúen a nivel nacional y no adopten ninguna postura, dejando que La Haya, como organización internacional, actúe en su lugar y elabore iniciativas a favor de la apertura a la maternidad subrogada.
En general, creemos firmemente que es necesaria una mayor implicación de los Estados, que debemos exigirles respuestas claras sobre su posición como Estado independiente en la HCCH y sobre el papel que desempeñan en los trabajos preparatorios del convenio de filiación en el contexto de la maternidad subrogada. Es crucial exigir a nuestros gobiernos transparencia, responsabilidad y concienciación sobre las consecuencias de dicho convenio a nivel nacional.
Nuestra acción
Exigimos a los gobiernos que se comprometan en este sentido, que informen sobre los trabajos de La Haya y manifiesten ante el parlamento la posición que piensan defender. Por lo general, esto puede hacerse enviando una solicitud de audiencia a través de un/a diputado/a, un procedimiento común en Francia y en Suecia. De acuerdo con el procedimiento existente en Francia, hemos elaborado un modelo de pregunta que puede servir de base para interpelar a los Estados sobre su responsabilidad en materia de gestación subrogada, su posición y sus actividades en el grupo de trabajo de La Haya.
También enviamos otra carta directamente a cada Estado miembro de la Conferencia de La Haya, planteando las mismas preguntas.
Para información de un mayor número de organizaciones y personas de la sociedad civil, compartimos las preguntas las preguntas dirigidas a cada Estado miembro de la HCCH:
Estimado/a [nombre del diputado/a], diputado/a del gobierno de [nombre del país],
[Nosotras, nombre de la organización] somos una organización que trabaja en defensa de los derechos y la protección de las mujeres [principal ámbito de actuación de la organización]. De acuerdo con nuestros principios y objetivos, llevamos cinco años luchando contra el avance de la maternidad subrogada como integrantes de la organización CIAMS (Coalición Internacional para la Abolición de la Maternidad Subrogada), ya que se trata de una forma grave de violencia contra las mujeres y contra las niñas y los niños, y una grave vulneración de nuestros derechos reproductivos.
Junto con otras 60 organizaciones feministas y de defensa de los derechos humanos que integran la CIAMS, denunciamos el trabajo de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado (HCCH) en la elaboración de un convenio internacional sobre filiación en el contexto de la maternidad subrogada. Este convenio, que ya se encuentra en una fase avanzada, pretende ofrecer a los Estados miembros de La Haya la armonización de sus diversas y contradictorias legislaciones y garantizar la eliminación de todo obstáculo jurídico para quienes recurran a la práctica de la maternidad subrogada transfronteriza.
Una vez promulgado, la primera consecuencia del convenio será facilitar el acceso a dicha práctica en todo el mundo. Una regulación de esta envergadura significará también la legitimación jurídica y social de la práctica y, por lo tanto, la normalización de la explotación de las mujeres por sus capacidades reproductivas y la venta de niños y niñas.
El pasado mes de noviembre se creó un grupo de trabajo dentro de la HCCH. Sus integrantes, designados por los Estados miembros con el fin de representar las posiciones de sus respectivos gobiernos, tienen por misión ultimar el proyecto de
convenio, que se presentará a los Estados miembros en 2024. La próxima y última reunión de este grupo de trabajo está prevista del 8 al 12 de abril de 2024. A pesar de las reiteradas advertencias a la Conferencia de La Haya sobre las perjudiciales consecuencias de sus trabajos, las voces de decenas de organizaciones y de miles de personas simpatizantes no han sido escuchadas y se continúa avanzando en la elaboración del convenio para satisfacer los intereses de un mercado global (cuya existencia reconoce la propia HCCH) que explota a las mujeres por sus capacidades reproductivas y cosifica a las niñas y los niños recién nacidos convirtiéndolos en objeto de encargo, fabricación, compra y venta.
En estas circunstancias, sólo una voluntad fuerte, expresada por los Estados miembros, puede detener este proyecto de convenio, que hasta ahora se ha venido desarrollado con opacidad y aparente indiferencia e ignorancia por parte de los Estados miembros de La Haya.
[nombre del país] está representada en este grupo de La Haya por [nombre de los/las representantes / de qué ministerio o institución]. Por lo tanto, nos dirigimos a usted para que responda cómo piensa proceder exactamente con este tema y específicamente qué posición expresará a través de los representantes del gobierno dentro de la HCCH. También queremos preguntarle qué papel desempeña [nombre del país] en esta compleja cuestión, cuál es la posición de su/sus representante/s en el grupo de trabajo y si es consciente de las consecuencias del convenio que está elaborando el grupo de trabajo de la Conferencia de La Haya, de la que nuestro país es miembro.